Estados Unidos Mexicanos
Jefe del Estado y del gobierno Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 109,6 millones
Esperanza de vida 75,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) 22/18 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 91,6 por ciento
Las violaciones de derechos humanos continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas. La mayor parte de los responsables seguía eludiendo la justicia. En diversas ocasiones, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes e hirió a algunos de ellos. Según los informes, en el estado de Oaxaca continuaban los abusos contra los derechos humanos. Militares que realizaban funciones policiales mataron a varias personas y cometieron otras graves violaciones de derechos humanos. Tampoco se produjeron avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en décadas anteriores.
Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y amenazas. Según los informes, las autoridades de diversos estados hicieron un uso indebido del sistema judicial para que activistas políticos y sociales fueran objeto de procesos injustos.
Las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos, como los migrantes, continuaban sufriendo discriminación. La falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de una consulta legítima sobre los proyectos de desarrollo agravaron las desigualdades y dieron lugar a conflictos. A las comunidades afectadas se les negaba a menudo el acceso efectivo a la justicia.
A pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia.
Información general
El presidente Calderón prometió que su gobierno lucharía contra la delincuencia organizada, que durante 2007 fue presuntamente responsable de más de 2.500 homicidios.
En octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la Iniciativa Mérida, una iniciativa de cooperación en materia de seguridad regional en virtud de la cual el gobierno estadounidense propuso ofrecer a México y América Central 1.400 millones de dólares en asistencia sobre seguridad y justicia penal a lo largo de tres años. Al finalizar 2007, el Congreso de Estados Unidos continuaba deliberando sobre la propuesta y su posible repercusión en los derechos humanos y la seguridad.
Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
En mayo, las autoridades anunciaron la creación de un Plan Nacional de Desarrollo que incluía compromisos de protección de los derechos humanos. El gobierno también se comprometió a mantener abierta la invitación a los mecanismos internacionales de derechos humanos y a abordar el uso de la tortura.
En agosto se anunció la creación de un nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos.
En el Congreso se produjeron avances en las reformas de la Constitución y de los sistemas de seguridad pública y justicia penal. Estas reformas exigían cambios importantes en los procedimientos judiciales y policiales, como el reforzamiento de las competencias de la policía y el Ministerio Público para entrar en los domicilios sin autorización judicial y para recluir en un tipo especial de detención preventiva (el denominado «arraigo») durante un periodo de hasta 80 días a personas sospechosas de pertenecer a la delincuencia organizada.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
En febrero, la Suprema Corte de Justicia falló que el Ejército había violado la prohibición constitucional de la discriminación al destituir a militares por ser seropositivos.
En diciembre, una investigación especial ordenada por la Corte informó sobre sus averiguaciones con respecto al caso de Lydia Cacho. Concluyó que el gobernador del estado de Puebla y otros altos cargos locales eran responsables de utilizar el sistema de justicia de modo indebido, lo que había llevado a que la periodista fuese detenida, sometida a malos tratos y procesada en un juicio injusto por publicar un libro sobre redes de pornografía y abuso de menores. Sin embargo, la mayor parte de los jueces de la Suprema Corte se negaron a refrendar estas conclusiones.
Al concluir el año, aún no se conocían los resultados de otras dos investigaciones especiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre abusos cometidos en San Salvador Atenco y el estado de Oaxaca.
Derechos reproductivos
La asamblea legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto practicado durante el primer trimestre y estableció la creación de servicios destinados a este fin en Ciudad de México. La Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia recursos constitucionales contra estas reformas, que al finalizar el año aún no se habían resuelto.
Fuerzas policiales y de seguridad: seguridad pública
Militares
Más de 20.000 militares repartidos por numerosos estados realizaban labores policiales para luchar contra las bandas de narcotraficantes. Según los informes, algunos de estos militares detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones.
En febrero, las autoridades del estado de Veracruz concluyeron que una mujer indígena, Ernestina Ascencio Rosario, había muerto debido a las heridas causadas por la violación a la que presuntamente la sometieron militares que llevaban a cabo operaciones policiales en el estado. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la investigación contenía errores y que Ernestina Ascencio había muerto por causas naturales. A pesar de la preocupación generalizada que despertó el modo en que se trató el caso, la investigación se dio por cerrada.
En mayo, unos militares que participaban en operaciones policiales detuvieron arbitrariamente a varias personas en el estado de Michoacán. Varios de los detenidos informaron de que habían sufrido malos tratos; al parecer, cuatro adolescentes fueron violadas o sometidas a agresión sexual.
En junio, unos soldados que se encontraban en un control de carretera en el estado de Sinaloa dispararon contra un vehículo y mataron a dos mujeres, dos niñas y un niño. Algunos de los soldados fueron detenidos, y al finalizar el año continuaban las investigaciones militares iniciadas.
Tortura y uso excesivo de la fuerza
Se acusó a agentes de policía de torturas y de hacer un uso excesivo de la fuerza.
En julio, unos agentes de la policía municipal y estatal utilizaron en Oaxaca gas lacrimógeno, piedras y porras para dispersar a manifestantes, causando heridas graves a no menos de dos personas. Se practicaron decenas de detenciones. Emeterio Cruz fue fotografiado cuando gozaba de buena salud mientras se encontraba bajo custodia, pero con posterioridad fue golpeado repetidamente por la policía, y más tarde llevado a un hospital en estado de coma. En agosto, cuando le dieron el alta, sufría parálisis parcial. Cinco agentes de la policía municipal fueron detenidos y acusados en relación con el caso.
En junio, agentes de la policía estatal desalojaron a un grupo de indígenas campesinos nahua que ocupaban tierras en litigio del municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz. La policía disparó al aire repetidamente; una de las personas detenidas resultó herida de bala. Según los informes, los detenidos fueron golpeados y amenazados durante el interrogatorio para obligarlos a implicar a su dirigente en presuntos delitos. Posteriormente quedaron en libertad bajo fianza, en espera de ser procesados por ocupación ilegal de tierras.
Impunidad
Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de policía eran muchas veces deficientes, y la impunidad de las violaciones de derechos humanos era generalizada.
El sistema de justicia militar era a menudo el que se ocupaba de casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos halló indicios de abusos graves en algunos casos, pero no recomendó que los tribunales civiles se ocupasen de ellos.
En octubre, un tribunal civil declaró a cuatro soldados culpables de la violación de 14 mujeres cometida en julio de 2006 en el municipio de Castaños, estado de Coahuila. Otros militares que participaron en la agresión quedaron absueltos o no fueron procesados.
Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado había investigado previamente, fueron transferidas de nuevo a la Procuraduría General de la República sin que mediase ningún compromiso de continuar con las investigaciones. El gobierno hizo caso omiso del informe final de la Fiscalía Especial, en el que se reconocía que los abusos habían constituido crímenes de Estado sistemáticos. En octubre se anunció la creación de un fondo para indemnizar a las víctimas.
En julio, un juez federal falló que la matanza de decenas de estudiantes cometida en 1968 en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, constituía genocidio, pero que no había pruebas suficientes contra el ex presidente Luis Echeverría para continuar con el proceso. Al concluir el año estaba pendiente un recurso presentado contra este fallo.
Posibles desapariciones forzadas
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó a las autoridades de la desaparición forzada de dos de sus miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de los que afirmó que habían sido detenidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo.
En agosto, el EPR reivindicó la autoría de diversas explosiones producidas en el centro de México como apoyo a su petición de que las autoridades admitieran la detención de los dos hombres. En octubre, un tribunal federal dictó un recurso de amparo en el que ordenaba que cesara inmediatamente la desaparición forzada de esas personas y que las autoridades las hicieran aparecer. Las autoridades federales y estatales negaron la detención y la desaparición forzada de los dos hombres y prometieron investigar los hechos. Al finalizar el año continuaba sin conocerse el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Violencia contra las mujeres
En junio, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares halló que el 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años afirmaba haber sufrido algún tipo de violencia en el hogar, la comunidad, el lugar de trabajo o la escuela, y que casi 1 de cada 10 declaraba haber sido víctima de violencia sexual.
En febrero entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de ámbito federal. Nueve estados introdujeron reformas legales similares.
Según los informes, más de 25 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez en 2007. Las autoridades continuaban sin procesar a los responsables de numerosos delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el estado en años anteriores. El número de mujeres asesinadas y el grado de impunidad eran, según informes, incluso superiores en otros estados, como el estado de México.
Sistema de justicia: detención arbitraria y juicios injustos
En algunos estados continuó utilizándose el sistema de justicia penal para procesar a activistas y opositores políticos, que eran detenidos arbitrariamente durante periodos prolongados y sometidos a procesos legales injustos. A pesar de que en muchas ocasiones se ganaban los recursos presentados ante los tribunales federales, era frecuente que los tribunales estatales no enmendasen las injusticias. Ningún funcionario se vio obligado a rendir cuentas por infringir las normas sobre juicios justos.
En noviembre, la presa de conciencia Magdalena García Durán, indígena detenida durante las protestas de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, quedó en libertad por falta de pruebas cuando un juez local dio finalmente cumplimiento a la resolución dictada por un tribunal federal en un segundo recurso. Sin embargo, más de 20 personas detenidas al mismo tiempo en San Salvador Atenco estaban siendo juzgadas al concluir el año, en procesos caracterizados por actuaciones injustas similares.
Diego Arcos, dirigente comunitario de Nuevo Tila, en el estado de Chiapas, quedó en libertad en diciembre de 2007 tras pasar un año bajo custodia acusado de cuatro asesinatos cometidos durante un ataque contra la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2006. A pesar de haber ganado un recurso federal en agosto, no quedó en libertad hasta que el ministro de Justicia del estado revisó el caso y retiró los cargos.
Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, dirigentes de un movimiento local de protesta de San Salvador Atenco, estado de México, fueron condenados en mayo a 67 años de prisión cada uno tras ser hallados culpables de secuestrar a funcionarios públicos durante las disputas locales que se produjeron en 2006. Hubo honda preocupación en relación con la imparcialidad del juicio y la condena.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques, amenazas, hostigamiento y cargos penales infundados en muchos estados, en lo que parecían ser represalias por su labor.
En mayo, Aldo Zamora, miembro de una familia de ecologistas que hacían campaña contra la tala ilegal de árboles en el municipio de Ocuilán, estado de México, murió abatido por disparos. Su padre había presentado reiteradas denuncias a las autoridades sobre las amenazas de muerte que recibía la familia, pero no se habían tomado medidas. En agosto fueron detenidos dos sospechosos; otros dos continuaban en libertad al finalizar el año.
En abril, el defensor de los derechos de los migrantes Santiago Rafael Cruz fue golpeado hasta morir en la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino, en Monterrey, estado de Nuevo León. Las autoridades del estado negaron que el homicidio estuviese relacionado con su trabajo en favor de los derechos humanos, pero organizaciones locales de derechos humanos expresaron preocupación con respecto al rigor con que se había llevado a cabo la investigación sobre su muerte. Un hombre fue acusado del asesinato y detenido, y al finalizar el año se encontraba en espera de juicio.
La defensora de los derechos humanos Aline Castellanos se vio obligada a abandonar el estado de Oaxaca tras dictarse en su contra una orden de detención basada en pruebas falsificadas que la acusaban de participar en la ocupación de un edificio público.
Libertad de expresión: periodistas
Los periodistas, especialmente los que informaban sobre narcotráfico y corrupción, fueron objeto de ataques reiterados. Al menos seis periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados, y otros tres fueron secuestrados. La mayor parte de las investigaciones oficiales sobre estos delitos y sobre ataques a periodistas cometidos en el pasado apenas avanzaron o estaban estancadas.
En octubre, Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez López y Agustín López Nolasco, trabajadores del periódico ElImparcial del Istmo, de Oaxaca, murieron a consecuencia de los disparos que recibieron mientras repartían periódicos. Inmediatamente después de los homicidios, el director del diario y dos periodistas recibieron amenazas en las que se les advertía de que podría ocurrirles lo mismo.
Los ataques reiterados contra periodistas provocaron un aumento de la autocensura y socavaron la libertad de expresión.
En abril se despenalizó la difamación en la legislación federal, pero en la mayor parte de las jurisdicciones estatales continuó siendo delito común.
Discriminación: comunidades marginadas
Muchas comunidades marginadas continuaban teniendo un acceso limitado a servicios básicos, a pesar del compromiso del gobierno de aumentar el gasto social. Esto generó conflictos, desigualdad y discriminación, que afectaban especialmente a las comunidades indígenas. El hecho de que las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo o inversión no recibiesen información veraz, no fuesen consultadas ni tuviesen la oportunidad de participar en la formulación de los proyectos intensificó las tensiones y limitó el empoderamiento.
Las comunidades que se oponían a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, ganaron diversos recursos legales preliminares basados en que no se había obtenido legalmente la aprobación de la comunidad. El proyecto continuaba suspendido al concluir el año, en espera de que se resolviesen diversas acciones legales.
Migrantes
Continuaron recibiéndose informes de abusos contra algunos de los miles de migrantes irregulares que cruzaban las fronteras del norte y el sur. Las personas que ofrecían asistencia humanitaria a los migrantes que pasaban por México corrían peligro de ser acusadas de trata de personas.
El gobierno propuso nuevos procedimientos reguladores para los centros de detención de migrantes («estaciones migratorias»). Al concluir el año, la propuesta, que restringiría el acceso de la sociedad civil y aumentaría el control sobre los migrantes, estaba pendiente de aprobación por parte del ejecutivo.
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